El hecho se registró en Papúa Nueva Guinea, un país con altas tasas de analfabetismo donde anidan las supersticiones, informaron este lunes medios locales.

La Policía confirmó el asesinato de cuatro mujeres acusadas de cometer actos de hechicería, otras cinco fueron rescatadas con vida y enviadas a un hospital para ser tratadas de las heridas causadas por las torturas a las que fueron sometidas, según publicó el diario The National.

El suceso tuvo lugar el viernes en la provincia de Enga, en una región montañosa del norte del país, tras el fallecimiento de un empresario local.

Según relatos, los familiares del difunto acorralaron a las nueve mujeres a quienes acusaron de practicar la brujería para causar la muerte del empresario, las «desnudaron y torturaron con barras de hierro caliente», relató al medio el comandante en funciones de Enga, George Kakas.

Efectivos policiales se encuentran realizando operativos de investigación con la finalidad de dar con el paradero de los torturadores y asesinos para formular cargos criminales en su contra, agregó el rotativo.

Papúa Nueva Guinea, un país rico en recursos naturales pero donde la mayor parte de sus 8,8 millones de pobladores viven en situación de pobreza, son frecuentes los ataques contra personas acusadas de practicar brujería o «sanguma», como se conoce en el país.

Papúa derogó en 2013 la Ley de Brujería, vigente desde 1971, que prohibía practicar «magia negra o hechizos para causar daño» y permitía ajusticiar a las personas acusadas de brujería.

Organizaciones garantes de los derechos humanos apuntan a que en muchos casos las mujeres son acusadas de brujería para enmascarar la violencia machista.

El Parlamento papuano aprobó ese mismo año varias enmiendas al Código Criminal para que la pena de muerte se aplique para sancionar los asesinatos, las violaciones agravadas o en grupos, o contra menores de 10 años.

Hasta entonces, la pena capital en Papúa Nueva Guinea, en donde las creencias en la magia negra y la brujería están muy arraigadas, estaba vigente para casos de traición, piratería y asesinato premeditado, pero no se ha aplicado desde 1954.