Tal como esperaba el mundo político, el Presidente Piñera se refirió, en el marco de la Cuenta Pública, a quienes permanecen privados de libertad como consecuencia del estallido social.
«Queremos ser muy claros. En Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Hay personas privadas de libertad, por decisión de tribunales independientes, por delitos graves como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov, incendio con resultado de muerte y otros», sostuvo.
El mandatario se mostró contrario al perdón y olvido: «En consecuencia, nos oponemos a una ley de indulto o amnistía. Debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan su misión, respetando el debido proceso, de acuerdo al Estado de Derecho».
El Jefe de Estado fue más allá y dijo que creará una Fiscalía Especializada en delitos contra los DDHH: “Además, hemos incrementado los recursos para el Servicio Médico Legal, lo que permitirá facilitar sus investigaciones”.
Además se comprometió a inyectar más recursos al INDH y la Defensoría de la Niñez, “para que estas importantes instituciones puedan cumplir su labor, con especial énfasis en el acompañamiento a las víctimas».
«Queremos anunciar que también seguiremos fortaleciendo los programas de atención médica a las víctimas de trauma ocular y lesiones graves, incorporando acompañamiento y apoyo para una reparación más integral», enfatizó.
«En las próximas semanas, y fruto de una amplia participación ciudadana, enviaremos un proyecto de ley para remplazar un Decreto de 1983, y garantizar y regular el derecho a la reunión pacífica, permitiendo su libre ejercicio, conforme a los principios y estándares internacionales», anunció Piñera.
