En votación dividida, el Tribunal Constitucional (TC) consideró admisible el requerimiento impulsado por un grupo de diputados de Chile Vamos, encabezados por Camila Flores (RN), que tiene por objeto frenar el avance del proyecto que sanciona el negacionismo de los crímenes ocurridos durante la dictadura.

El 22 de septiembre, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 75 votos a favor, 66 en contra y 6 abstenciones la iniciativa, despachándola al Senado. El texto tipifica como delito el negacionismo de los delitos consignados en el Informe Rettig y el Informe Valech, entre otros.

El TC aprobó por 7 a 3 revisar la presentación de Chile Vamos. La presidenta del organismo, María Luisa Brahm, y los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier y Rodrigo Pica estuvieron por analizar la denuncia de Chile Vamos, mientras que Gonzalo García, Nelson Pozo y María Pía Silva estuvieron en contra.

Cabe señalar que el proyecto original de negacionismo era más amplio, rechazándose en la Cámara las sanciones asociadas a la incitación al odio y a la violencia física.

La diputada Camila Flores lideró la presentación ante el TC por considerar que el texto “atenta contra la libertad de cátedra y también está siendo vulnerada la libertad de conciencia”.

El proyecto fue enviado en 2017 como mensaje presidencial por Michelle Bachelet. Inicialmente buscaba agregar un artículo al Código Penal que castigara a quien públicamente incitara a la violencia física contra una persona o un grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.

A la iniciativa se le agregó una indicación, impulsada por la diputada PC Carmen Hertz, donde se sanciona a quien: 

“A través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y en el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia”.

El delito de negacionismo, según la iniciativa que pasó al Senado, establece una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), y multa de 40 a 60 UTM.

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